Manifiesto de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la Unión perdería parte de su sentido. Y para poder mantener esa propuesta los economistas tenemos que impulsar las reformas que sean necesarias para mantener el pulso de nuestra economía. Continuamente oímos que nuestra economía necesita más mercado y reformas estructurales. Y sí, sin duda lo necesita. Pero tenemos también la obligación de impedir que nuestro lenguaje sea tergiversado con palabras y conceptos que manipulan el pensamiento económico que nuestros maestros nos han trasmitido, que nuestra experiencia como profesionales de la economía nos ha enseñado. Por esta razón, los economistas debemos rescatar del lodo en el que están siendo ahogados, desde las instancias más conservadoras, los conceptos, entre otros muchos, de mercado y de reforma estructural. Con toda energía debemos afirmar que reestructurar no es desregular y que las reformas estructurales no pueden ser las reformas laborales que se anuncian, conducentes a diluir los derechos de los trabajadores. Los economistas –fundamentalmente nuestros jóvenes economistas- deben saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas reformas estructurales son necesarias antes que las que sólo pretenden la flexibilización del mercado laboral a través de la desregulación y la precarización. Combatir la torre de babel en la que nos sumen poderosos intereses empieza a ser para los economistas tarea imprescindible si no queremos que nos arranquen las palabras, que nos dejen mudos. Y por eso los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis. Los responsables son los No mercados, en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en los que la información es privilegio de pocos, en los que la concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los ciudadanos. Y en esta situación son los gobiernos los que deben intervenir para impedir que los No mercados gobiernen por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los mercados funcionen aunque para ello necesiten las muletas del Estado, de la regulación o, simplemente, de la pura intervención pública para evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones. Mercados y regulación no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes, cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores económicos de alcance sistémico con resultados letales para el bienestar. O en el progreso y en la riqueza estamos todos, o ni el progreso existirá ni la riqueza interesará a nadie más que a sus poseedores. Tampoco interesarían las instituciones ni el Estado. La sociedad devendría una sociedad dual. Esta no es la propuesta de la Unión Europea ni a sus ciudadanos ni al mundo. Economistas Frente a la Crisis señaló, en su primer manifiesto, que el primer objetivo de toda política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, del empleo. Hoy ya se solicitan desde instancias relevantes funciones para el BCE más cercanas a las que detenta el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. No sólo la estabilidad de precios, también el empleo y el crecimiento debiera ser una responsabilidad compartida por todas las instituciones de la Unión, con el BCE a la cabeza. Pero el “nuevo pacto presupuestario” y las “herramientas de estabilización” acordados el 9 de diciembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, agudizarán la crisis. No estamos ante un problema de inflación sino de estancamiento originado por la imposición de rápidas reducciones del déficit público. Pero estos acuerdos no son el resultado de un mal diagnóstico –los gobiernos, las instituciones y Alemania disponen, sin duda, de competentes economistas- sino de la nueva concepción de Europa que el gobierno alemán, conservador y nacionalista, está logrando imponer. Siempre hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza europea común de la Unión frente al sesgo insolidario de esa gobernanza. Economistas Frente a la Crisis calificó de artera la utilización de la austeridad y de la estabilidad presupuestaria como argumento para debilitar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad y señaló el sin sentido de políticas procíclicas y contractivas en un contexto en el que los problemas se centran en torno al paro y al estancamiento y no a la inflación. Austeridad siempre. Derroche o despilfarro nunca. Pero austeridad no es déficit cero. Es eficiencia en la inversión y en el gasto. Para ello se deberán establecer metodologías públicas para una declaración del impacto económico de las decisiones correspondientes y condicionarlas al retorno económico y social que las justifique. Así la austeridad quedaría justificada en la eficiencia de la gestión pública del gasto y de la inversión y no caería bajo la manipulación de lo que no es más que una campaña ideológica subliminal. Ahora, sin complejos –como tampoco los tuvimos antes- debemos decir que las reformas estructurales son necesarias para restaurar la operatividad de los mercados, aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía. Pero no son las que desde las instituciones europeas nos llegan. Desde este manifiesto, ponemos algunas propuestas sobre la mesa del debate: 1- De las reformas laborales y la Gobernanza Corporativa.La productividad del trabajo no sólo depende de las reformas laborales que deberán ser abordadas desde el consenso entre los agentes sociales, sino también, y de manera determinante, de la organización del trabajo, de la capacidad de innovación, del stock de capital de las empresas y de los aciertos de la gestión empresarial que se desenvuelve, irremediablemente, en el contexto de la globalización. Los sindicatos no pueden ser ajenos a estas cuestiones –y no deberán serlo: es clara la relación directa entre mayor productividad y mayores derechos de negociación- pero implican, en primer lugar, a los empresarios y a quienes ejercen esa función. La mayor parte de responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio tecnológico y la inversión en la empresa. Las reformas laborales que puedan ser acometidas no pueden ignorar esta cuestión crucial, casi siempre ignorada. Considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los ejecutivos y de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis. Toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad. Y estos no son los contratos indefinidos con un año de prueba. Las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, tendentes a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales, no buscan tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para encoger después el Estado del Bienestar. 2- Del Sistema Financiero. La dación de los activos inmobiliarios de particulares y promotores en pago de las deudas que garantizan, provocaría elevadas pérdidas a la banca española. Esta es la demostración de que detrás de la burbuja inmobiliaria están los pulmones de la banca española y centro europea que han hinchado el globo por encima de valores prudentes. El diferencial de costes entre los recursos pasivos y activos de la banca, unido a sistemas de incentivos que premian los beneficios sin relación con el riesgo, está en los fundamentos de la especulación sobre el valor del suelo y de la cultura del ladrillo que ahora nos amenaza a todos con el abismo de las restricciones del crédito e, incluso, de las quiebras bancarias. El interés general exige el rescate de la banca. ¿Pero qué rescate? ¿Banco bueno o banco malo? El crédito debe volver a fluir y sólo el desapalancamiento de la banca, con la restauración de sus ratios de solvencia, podrá restablecer su función en la economía, imprescindible porque es sistémica. Al Estado le corresponde lograr urgentemente y de manera imperativa ese restablecimiento. ¿Sacamos de los bancos sus activos contablemente inflados o tóxicos para ubicarlos en bancos malos en los que las aportaciones públicas cubran los agujeros y el relajamiento de las normas contables lamine en el tiempo su impacto? Si hiciéramos tal cosa estaríamos amnistiando la irresponsabilidad que ha incentivado prácticas financieras no ajenas a la generación de esta crisis. Los activos tóxicos deben sacarse, seguramente de los balances de los bancos, pero los rescates públicos deben tomar las posiciones que les correspondan en el cápital y en la administración de los bancos rescatados. La contabilidad debe recuperar su prestigio y lo que vale menos debe tener su reflejo en los balances de los bancos. Eso es información y transparencia, ambas imprescindibles para la recuperación de la confianza en las instituciones. Dar visibilidad a los agujeros allá donde se hallen permitirá a los accionistas y a las administraciones exigir las responsabilidades que correspondan a los gestores y a los reguladores. Y permitirá que las pérdidas, si existieran, sean asumidas por un accionariado indiferente al cortoplacismo y complaciente con sus gestores. El Estado se sentaría en los Consejos de Administración para garantizar la recuperación de aquellos fondos preferentes que, en defensa del interés de los ciudadanos, hayan tenido que ser aportados desde los fondos fiscales. El Estado deberá garantizar, por todos los medios, el desapalancamiento de la banca para restaurar los flujos del crédito. Pero bancos malos no. Sólo son la solución de los malos banqueros. No olvidemos que el banco malo es una forma de socialización de pérdidas privadas con su conversión en deuda pública, si ese banco malo fuera tan sólo un almacen de activos tóxicos. Esta es la reforma estructural que necesita la banca para que el crédito fluya. Inspección, regulación y recapitalización. La desregulación hasta aquí nos ha traído. Su trayecto ha llegado ya al final. 3- Del sistema fiscal. Los adjetivos que apellidan los grandes conceptos de la construcción europea son casi siempre sospechosos: “nuestro objetivo es un estado del bienestar sostenible”. Sostenible. Otra palabra manipulada que esconde una propuesta de estado de bienestar de menor calidad, con menor coste. Con menor coste para no tener que acometer la reforma fiscal que necesita España para acercar su presión fiscal a la media de los países de la Unión que encabezan las prestaciones sociales, la calidad de su educación y sanidad, los esfuerzos en investigación, la protección a los dependientes, la defensa del medioambiente, los equilibrios territoriales, el bienestar de sus jubilados, el mayor crecimiento económico, la mayor renta de sus ciudadanos. Revisar el Impuesto de Sociedades para acercar su tipo real a su tipo nominal, el primero entre los más bajos de la Unión, el segundo entre los más altos; reforzar los recursos de la Inspección de Hacienda sobre las grandes compañías y ciertas actividades profesionales, responsables de la mayor parte del fraude; incentivar fiscalmente la creación de nuevas empresas y la contratación de los primeros empleos; restaurar la progresividad del impuesto sobre la renta e igualar la presión sobre las rentas del capital a la que soportan las rentas del trabajo, implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, constituyen, todo ello, algunos de los ejes sobre los que debiera pivotar una reforma estructural de nuestro sistema fiscal. Los déficits fiscales continuos, con un comportamiento autista respecto al ciclo económico, son letales para la sostenibilidad de la deuda pública y conducen a la catástrofe. Pero es completamente ilusorio y carece de fundamento científico solvente basar la eficiencia fiscal en la reducción de la presión fiscal. El dinero no siempre está mejor en manos de los individuos si el estado del bienestar es la propuesta de Europa para el mundo y el soporte de la convivencia social en un Estado democrático. Una gestión contracíclica del saldo presupuestario necesita una capacidad recaudatoria que pueda responder a las crisis con un aumento del gasto para limitar el aumento del déficit y el deterioro de la deuda a cotas insostenibles. De otra manera reduciríamos el Estado a mero administrador de sus ingresos y gastos corrientes; transferiríamos al sector privado un inmenso negocio sobre las pensiones, la sanidad, la educación, las infraestructuras… Tal vez sea esta la explicación que nos falta para comprender la trastienda de una política económica que nos dejaría de parecer contraria al sentido común para parecernos contraria al interés general. 4- De la Gobernanza Europea. La crisis de deuda soberana que sufre Europa, se ha agravado en los últimos meses debido a la política contractiva impuesta desde la mayoría conservadora que gobierna las instituciones de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, bajo el desvirtuado eslogan de la austeridad. El planteamiento de la necesaria consolidación fiscal en plazos muy restrictivos y sin discriminar entre las dispares estructuras de la deuda total que presentan los Estados miembros, ha acentuado la situación de estancamiento de la eurozona, particularmente de España, comprometiendo la recuperación de los ingresos fiscales que serían necesarios para no deteriorar la solvencia del Estado. Las posiciones mantenidas por Alemania no están contribuyendo, de ningún modo, a la mayor gobernanza económica de la zona euro. Muy al contrario, Alemania mantiene posiciones contrarias a la integración fiscal de la zona en tres aspectos clave: (1) la ampliación del mandato del BCE para que asuma un papel activo en relación con el crecimiento y el empleo, ahora limitado a la estabilidad de precios; (2) la consolidación del mecanismo europeo de rescate ante crisis financieras, y (3) la mutualización del riesgo a través de los eurobonos. Estas cuestiones, constituyen, en el momento actual, las que de manera urgente debieran ser abordadas en el camino hacia “una mayor gobernanza económica de la zona euro”. En cualquier caso ya es dramáticamente urgente que el BCE se convierta en un cortafuegos creíble frente al deterioro de las deudas soberanas. El problema de la deuda española reside en el elevado endeudamiento privado, no en el volumen de la deuda pública que presenta sobre el PIB uno de los mejores ratios de la eurozona. Y es, precisamente, la rápida consolidación fiscal la que no contribuye como debiera, desde el gasto público, a los estímulos expansivos que necesitan los deudores privados para hacer frente, en menor tiempo y con menores dificultades, a sus compromisos financieros. Por consiguiente, de la mal llamada austeridad no sólo sufren los ingresos del Estado y los servicios esenciales que configuran el estado del bienestar. Sufre la economía en su conjunto, las empresas y el empleo. La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria que dará cobertura a la gestión del saldo presupuestario mediante una regla automática, carece de argumentos económicos consistentes y su explicación sólo puede buscarse en motivos de naturaleza política relacionados con un gran chantaje: a cambio de controlar la “hemorragia” de nuestra deuda, la jibarización de nuestro Estado. Es la imposición vicaria de un BCE cada vez más ajeno a las necesidades de los Estados. Los intereses generales no pueden dejarse abandonados a “reglas de oro”, recetas ya inservibles que la realidad de la crisis refuta, y que esconden, con el recurso a automatismos supuestamente técnicos, desconfianza en la propia democracia. Una reforma estructural de la Gobernanza Europea, que confiera al Parlamento Europeo la capacidad de elegir el gobierno de las instituciones europeas, es el único principio que podría legitimar las decisiones que emanen de la Unión Europea. 5- De la energía. La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía. En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho. Las reformas que se acometan deben poner las bases para garantizar la corrección de la creciente desigualdad que se está imponiendo en los Estados de la Unión Europea. Europa es su Estado del Bienestar. Su retroceso, pondría en cuestión el propio proyecto de la integración europea. Los firmantes, porque consideramos que los economistas tenemos la obligación de devolver a la sociedad los conocimientos que la sociedad nos ha permitido adquirir, hacemos un llamamiento a los economistas y a todos los ciudanos que compartan nuestras preocupaciones para que contribuyan, desde el debate, a una salida progresista a la crisis. Necesitamos más mercado y más reformas estructurales, pero no las que están imponiendose. Esas son las de siempre, las que nos trajeron hasta esta crisis. Por ello, Economistas Frente a la Crisis, abierto a todos los economistas y ciudadanos que compartan nuestra preocupación, seguirá estando presente aportando sus análisis y sus propuestas. En juego está el Estado del Bienestar, la Europa del progreso.

¿Qué es el BCE? ¿En resumen?

¿Qué es el BCE? El BCE es el banco central de los Estados de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro, como es el caso de España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, etc.

Y ¿de dónde vino el dinero del BCE? El dinero del BCE, o sea el capital social, es el dinero de todos nosotros, los ciudadanos de la UE, en proporción a la riqueza de cada país. Así, a Alemania le correspondió poner un 20% del total. Los 17 países de la UE que se adhirieron al euro, entraron en conjunto con un 70% del capital social y los restantes 10 países, de los 27 Estados de la UE, contribuyeron con un 30%.

Y, ¿es mucho ese dinero? El capital social era de 5,8 billones de euros, pero a final del año pasado, se decidió hacer un primer aumento del capital, desde que fue creado hace cerca de doce años, en tres fases: A finales del 2010, a finales del 2011 y a finales del 2012, hasta elevar el capital del banco a 10,6 MIL millones.

Entonces, si el BCE es el banco de estos Estados, puede prestar dinero a España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, etc. como cualquier banco puede prestar dinero a cualquiera de sus accionistas. ¿O no? No, no puede.

¿Por qué? ¿Por qué? Porque… porque… bueno, son las reglas.

Entonces, ¿a quién puede prestar dinero el BCE? A otros bancos, a bancos alemanes, franceses, españoles, portugueses, etc.

¡Ah! ya me entero… Entonces, España, Portugal, Alemania, etc. cuando precisan dinero prestado, no van al BCE, tienen que ir a otros bancos que sí acuden al BCE…Sí.

Me pregunto que para qué complicar tanto… ¿No era mejor que España, Portugal, Grecia, etc. acudieran directamente al BCE? Bueno sí… En cierto sentido, sí… pero de ese modo los banqueros no ganarían nada en ese negocio…

¡Ahora caigo…! Está claro, los bancos precisan ganar alguna pequeñez… El BCE, de mayo a diciembre del 2010 prestó cerca de 72 MIL millones de euros a países del euro, a la llamada “deuda soberana”, a través de un conjunto de bancos, al 1%. Y ese conjunto de bancos prestaron a los Estados (España, Portugal, Grecia, etc.) al 6 o 7%.

Pero eso es un negocio redondo: Sólo por ir a Bruselas a buscar el dinero, fíjate lo que se llevan… No tienen que, ni siquiera, desplazarse a Bruselas. La sede del BCE está en Alemania, en Frankfurt. Tomando a Portugal como ejemplo, en el crédito a Portugal, los bancos ganaron entre 3 y 4 MIL millones de euros…

Eso es un verdadero robo… con ese dinero que nos quitan, no tendríamos por qué congelar o rebajar las pensiones, o el subsidio de desempleo, recortar la Sanidad, la Educación, o descontar a funcionarios, o… La gente tiene que ser consciente de que los bancos tienen que ganar mucho dinero, si no ¿cómo podrían pagar los dividendos a los accionistas, a los consejeros, a los altos directivos que son gente “tan especializada”…?

Pero, quien manda en el BCE ¿cómo puede permitir un escándalo de este tipo? En el BCE mandan los gobiernos de los países de la zona euro; Alemania en primer lugar, que es el país más rico, pero también Francia, España, Portugal y los demás países…

Entonces, los gobiernos de nuestros países, ¿dan nuestro dinero al BCE para que ellos presten a los bancos al 1%, para que, después, ellos presten del 5 al 7% a los gobiernos de los países, que son los dueños del BCE? Bueno, no es exactamente así. Como Alemania es rica y puede pagar bien las deudas, los bancos sólo le cobran un 3%. A Grecia, Portugal, Irlanda, etc. que están asfixiados, es a quienes les elevan los intereses al 6, 7 ó más por ciento.

Entonces, ¿somos los dueños del dinero y no podemos pedir a NUESTRO propio banco…? ¿Somos? ¿Quiénes somos? Nuestros países, España, Portugal, Italia, o Alemania no están formados por gente vulgar como nosotros. No queramos comparar un limpiabotas de nada, que gana 400 ó 600 euros al mes, o un albañil que anda desempleado, con un gran accionista que percibe 5 ó 6 millones de € de dividendos por año, o con un administrador de una gran empresa, o de un banco que ganan, con las primas a que tienen derecho, unos 50, 100, o 200 MIL euros por mes. No se puede comparar.

Y, ¿nuestros gobiernos, aceptan una cosa así? Nuestros gobiernos… Por un lado son, en la mayor parte, amigos de los banqueros (todos los partidos políticos lo son), o están a la espera de sus favores, o de un privilegiado empleo cuando ya no consigan los votos necesarios…

Pero, entonces, ¿ellos no han sido elegidos por nosotros? En cierto sentido sí, claro, pero después… ya sabes, quien gobierna, es quien tiene la sartén por el mango. Y es lo que se ve claramente en esta crisis mundial, la mayor desde hace un siglo. Esa cosa que llaman “sistema financiero”, transformó el mundo de las finanzas en un casino mundial, realmente como ningún casino había nunca visto, ni sospechado, y llevó a los EE.UU. y a Europa al borde la de ruina. Está claro, esas personas importantes se llevaron el dinero para su casa y dejaron a la gente como nosotros, que tenía el dinero en los bancos, o los fondos de inversión, a la luna de Valencia… Los gobiernos, en los EE.UU. y en Europa, para evitar la ruina de los bancos tuvieron que reponerles el dinero…( o sea, rescatarlos con dinero público, que es el dinero de nuestros impuestos).

Y ¿dónde fueron a buscarlo? ¡Dónde los iban a buscar…! En los impuestos, en las pensiones, en los salarios, en los funcionarios, en la enseñanza, en la sanidad, en las prestaciones sociales… ¿De dónde podía proceder el dinero del Estado?

Pero, ¿metieron a los responsables en la cárcel? ¿En la cárcel? ¡Qué disparate! Entonces, ellos que montaron la cosa, ingenierías financieras sofisticadísimas, sabrán aplicar el remedio. Sólo ellos podrán poner orden en la casa… Está claro que a algunas personas más comprometidas, como Raymond McDaniel, que era el presidente de la Moody’s, una de esas agencias de “rating” que clasificaron la credibilidad para pagar la deuda, de Portugal, Grecia, etc. como de bono basura, y que tiraron a los países por el suelo, fueron… apartados y pasados a la reserva… Como el tal McDaniel, y otros, es una persona importante, se llevó una indemnización de 10 millones de dólares, a los “que tenía derecho”…

Entonces, ¿cómo es? ¿Nos lo tragamos y a callar…?¡Ah! ese ya no es mi problema… Yo sólo estoy explicando…

 

Se necesita tener poca vergüenza. Menu de los politicos.

Hace unos días, el periodista de ABC Punto Radio, Melchor Miralles, en una entrevista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña, Arturo Fernández, que a su vez es el concesionario de los servicios de restaurante del Senado, el Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid, le preguntaba cómo es posible poder dar menús a sus señorías por la ridícula cantidad de 3,55€.

El señor Fernández comenzó por negar la mayor, diciendo que no era cierto, que esa cantidad no era correcta, y que como cualquiera podía comprender, era imposible poder servir un menú por ese precio, con los gastos que ello conlleva de personal, etc., y poder obtener unos beneficios como cualquier otra empresa o negocio.

Lo que no sabía este señor es que el periodista tenía en la mano un ticket en el que figuraba dicho importe, cosa que corroboraron el resto de tertulianos que le acompañaban.

La respuesta del Sr. Fernández fue ceder, pero sólo a medias, diciendo. "Puede ser ese el precio, pero sólo de un plato, o medio menú. El menú completo cuesta más, como el de un restaurante normal y corriente"

De nuevo el periodista volvió a insistir: "En el ticket que yo tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café".

Ante esta aseveración, el presidente de la patronal, sin querer dar su brazo a torcer, respondió que no estaba al corriente del precio, que a pesar de ser él mismo el concesionario, no conocía el importe de los menús que se servían a sus señorías en los restaurantes de estas tres instituciones.

Ante la perplejidad de los periodistas por esta respuesta, vino a decir que: "De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso, esos servicios ESTAN SUBVENCIONADOS CON FONDOS PÚBLICOS".

Nos hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar de cobrar suculentas dietas, que justifican en tener que vivir en una ciudad que no es la suya de residencia habitual, sólo pagan por sus comidas una tercera parte de lo que cuesta el menú más barato a cualquier otro trabajador que tiene que mantenerse de su bolsillo.

Nos enteramos también de que le cuesta menos la comida a un senador o diputado de lo que paga cualquier escolar por llevar su comida de casa en una fiambrera, que paga 3,80€ por el uso del comedor y del horno microondas en que se la calienta.

Nos hemos enterado, de paso, que a costa del dinero de todos, cuando una empresa es ruinosa, que vendiendo a precios por debajo del costo se podría ir a pique, es rescatada con los dineros de todos, incluidos de los que están en el paro, de los que no llegan a fin de mes, de los que tienen que hacer ingeniería financiera para repartir el sueldo de miseria que cobran al llegar el primero de cada mes.

Ya conocemos el motivo por qué el anterior Presidente del gobierno, Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el precio de un café en un bar cualquiera, no supiera el importe. Si tenemos en cuenta que dos platos, postre, bebida y café valen 3,55€ el café sólo debe andar bastante por debajo de los 80 céntimos que este señor aseguró que costaba.

Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crisis por que han oído hablar de ella.

Basta ya de vividores del cuento que se reservan para ellos unos derechos que están quitando al pueblo.

Basta ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos a los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana.

 

NOTA: Recibido en un correo electrónico.

El triunfo de los mediocres: Verdades como templos, que pena de ESPAÑA

Quienes me conocen saben de mis credos e idearios. Por encima de éstos, creo que ha llegado la hora de ser sincero. Es, de todo punto, necesario hacer un profundo y sincero ejercicio de autocrítica, tomando, sin que sirva de precedente, la seriedad por bandera.
Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.
Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar los unos contra los otros.
Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.
Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.
Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.
Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado  natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.
- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente
basura.
- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.
- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.
- Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo, no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.
- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.
- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.
- Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante modo de vida.
- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.
- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
- Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la motivación de algún éxito deportivo.

ANTONIO FRAGUAS DE PABLOS (FORGES)